El sector patronal dijo estar de acuerdo en que se debe combatir el uso irregular y abusivo de la figura de la subcontratación para defraudar a los trabajadores, al fisco y a la seguridad social, pero sin perder de vista la actividad económica y de generación de empleo formal y digno.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que la iniciativa de reforma a la subcontratación, también conocido como outsourcing, presentada este jueves por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no acató el Convenio número 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que promueve el tripartismo y el diálogo social, en el que se asegura que las voces de las organizaciones de empleadores y trabajadores sean escuchadas.
La organización patronal recordó que el Gobierno Federal está obligado por tratados internacionales a consultar y luego a decidir. Además pidió dejar de estigmatizar una figura que genera bienestar para los mexicanos y sus familias.
Esta mañana el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la subcontratación, para “poner orden” y frenar la defraudación fiscal y sobre todo la afectación a los trabajadores, dijo en su habitual conferencia mañanera.
La iniciativa también pretende reformar diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el propósito de prohibir la subcontratación laboral outsourcing y establecer reglas a fin de que las personas físicas o morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas.
La institución a cargo de Gustavo de Hoyos dijo que, con la propuesta se pone en una condición de indefensión a 4.6 millones de trabajadores ocupados en el país bajo esta modalidad -según datos del Censo Económico 2019- e incluso podría afectar la competitividad de México en el marco del T-MEC.
Dicha iniciativa, también tiene efectos fiscales adversos y resulta desproporcionada, ya que prohíbe la posibilidad de hacer deducibles del ISR y acreditar el IVA, catalogando tales actos como defraudación fiscal, aseguró la Coparmex en un comunicado.
El sector patronal dijo estar de acuerdo en que se debe combatir el uso irregular y abusivo de la figura de la subcontratación para defraudar a los trabajadores, al fisco y a la seguridad social, y que este sea utilizado como mecanismo para la competencia desleal, pero sin perder de vista la actividad económica y de generación de empleo formal y digno, que se genera por medio de la subcontratación laboral, que cumple totalmente con todos los estándares legales en la materia.
FRENO ADICIONAL AL CRECIMIENTO ECONÓMICO
El sector patronal consideró que la reforma debe tener como reto principal el regular la subcontratación y no prohibirla. Es decir, vigilar a las empresas que lo utilizan y sancionar a las que simulan. “Pensar en la prohibición total del outsourcing será un freno adicional al crecimiento económico”, sentenció.
La Coparmex anticipó que se corre el riesgo de un triple daño por la reforma, a la que calificó de inflexible y unilateral:
• Un deterioro mayor de la crisis económica
• Un aumento de la informalidad
• La inhibición a la creación de nuevos empleos
En ese sentido, instó al Congreso de la Unión y al Gobierno Federal a retomar el compromiso de diálogo social que permita avanzar en una propuesta que proteja a los trabajadores, facilite la recuperación de empleos perdidos y flexibilice el mercado para dar oportunidad a la creación de nuevas fuentes de trabajo.
Fuente: El Economista
Fuente: El Economista
